El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos ley para abordar el que, en palabras de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, "es el principal problema de los españoles y las españolas": el acceso a la vivienda.

La ministra ha destacado que la aprobación está marcada por las repercusiones del desahucio de una persona de 87 años en Madrid el pasado 23 de septiembre. "No podemos mirar hacia otro lado cuando esto ocurre, y hoy tenemos una oportunidad política para evitar que vuelva a suceder un caso como el de Maricarmen", ha dicho Rodríguez, quien ha sostenido que existe un gran consenso social sobre las medidas necesarias para paliar "esta crisis de vivienda". La titular de Vivienda ha reclamado a los diputados "altura de miras y generosidad" para la convalidación de las medidas en el Congreso, previsiblemente en un pleno extraordinario el próximo viernes.

Escudo social frente a los desahucios y lucha contra la especulación y el fraude

Un primer real decreto ley busca proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta asequible. Se trata, según ha manifestado la ministra, de una "norma ambiciosa", impulsada por su departamento y con aportaciones de grupos políticos, organizaciones sociales y expertos, para encarar "grandes problemas que sufren millones de españoles".
Isabel Rodríguez ha dividido las iniciativas contenidas en la norma en cuatro bloques. El primero se enfoca en evitar los desahucios: el texto amplía la vigencia del 'escudo social' hasta el 31 de diciembre del año 2030 y mejora todos los mecanismos de protección de las administraciones públicas para evitar casos como el de Maricarmen.

El segundo bloque aborda las compras especulativas por parte de los conocidos como 'fondos buitre'. "No solamente ponemos nombres y apellidos a los especuladores, sino que además vamos a identificar a esas empresas para prohibirles que sigan mercadeando con un bien esencial, con un bien social como es la vivienda en nuestro país", ha asegurado Rodríguez.

La norma también reordena la fiscalidad de las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi) para que orienten su inversión a la vivienda asequible, "no al uso de la inversión en el ámbito de la especulación". Además, el decreto ley combate el fraude en el alquiler de temporada y en el de habitaciones y establece un IVA del 10% para los pisos turísticos. La ministra ha recordado que una parte del fraude se encuentra en la existencia de pisos turísticos ilegales, "que deben estar siendo clausurados en este momento por las comunidades autónomas".

Ayudas a las familias e impulso del parque público

Reducir el esfuerzo económico de las familias para acceder a la vivienda es el objetivo del tercer bloque del decreto ley. La titular de Vivienda ha señalado que, en ocasiones, los hogares destinan más de la mitad de sus salarios a este fin. Entre las medidas incluidas en este apartado figuran las bonificaciones fiscales para rentas de hasta 33.000 euros, graduadas según los ingresos, lo que supondrá para algunas familias el ahorro de una mensualidad de las rentas de alquiler; incentivos fiscales para particulares que "no se suman al carro de la especulación", y un nuevo mecanismo de financiación para el acceso a la primera vivienda con un tipo de interés cero.

El cuarto bloque se dirige a la "herramienta más útil" para paliar esta crisis, según la ministra de Vivienda: "Más vivienda y más vivienda pública". El decreto ley consolida la protección del parque público de vivienda, activa diversas palancas de la Administración General del Estado que estaban pendientes para nutrir ese parque a través de la entidad estatal Casa 47 y rebaja al 4% el IVA para las viviendas de promoción pública y la vivienda protegida.

Renovación automática de los contratos de alquiler

El segundo real decreto ley de vivienda aprobado hoy recoge medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

La titular de Vivienda y Agenda Urbana ha recordado que los contratos de Casa 47 tienen 75 años de vigencia: "Queremos conseguir dar esa estabilidad también al mercado del alquiler para que vivir de alquiler no sea vivir de segunda, no sea vivir en vilo, para que vivir de alquiler también sea vivir tranquilo".
La norma plantea la renovación automática de los contratos de alquiler, con salvaguardas por distintas circunstancias, lo que se inspira en las normativas de otros países europeos.